El fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó a la Cámara Nacional Electoral que revoque un fallo de primera instancia y sancione al Partido Justicialista (Unión por Córdoba) y a distintas empresas por los fondos donados en violación a lo dispuesto por la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. La presentación del fiscal tuvo en cuenta el informe del auditor Guillermo Stefanini, y sostuvo que estas donaciones constituyen una violación a la ley de Financiamiento de Partidos Políticos por haber sido realizadas por “empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un fallo que menciona este accionar en la campaña de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, cuando gobernaba Juan Schiaretti. Según el informe presentado por el Partido Justicialista, Aldo Benito Roggio efectuó donaciones por $ 30.000, en su carácter de integrante de las firmas Aguas Cordobesas SA, Metrovías, Benito Roggio e Hijos SA, La Mixta y Cliba. Además, Roggio es vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Construcción, también realizaron donaciones por $ 20.000 de Mario Buttigliengo, titular de la empresa constructora Boetto y Buttigliengo SA adjudicataria entre otros del sistema de concesión por peaje de la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un tramo de la ruta nacional 36 y Carlos Alberto Bergoglio, director de relaciones institucionales y comunicación de la empresa Electroingeniería SA, concesionaria del servicio de abastecimiento y provisión de personal de personal, herramientas y equipos necesarios para la construcción de la Central Atómica Atucha II; y $30.000 de Martín Guillermo Amengual, quien en ese momento presidía la Cámara de Empresarios Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) y en la actualidad se desempeña como titular de la Fundación Mediterránea.
Andrés Guzmán, referente de la JP Evita Córdoba y sexto candidato a diputado por el FPV, expresó: “estas contribuciones que violan la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos muestran cómo ciertos partidos representan los intereses de quienes contribuyen a su sostenimiento mediante el tráfico de influencias, entregando concesiones, licitaciones y otros tipos de favores a quienes aportaron a su campaña” y agregó “las grandes empresas amigas del poder cordobés no realizan contribuciones sino que pagan los beneficios que el poder político les asegura, esta práctica expone el compromiso del Delasotismo con las corporaciones y no con el pueblo de Córdoba”. Guzmán recordó que el Delasotismo acumula una serie de denuncias de manejo dudoso de fondos como lo es el caso del Carnaval del Cuarteto: “el gobierno todavía no ha hecho público el informe acerca del costo del Carnaval de 2013, a pesar de haber presentado la rendición de cuentas a la Fiscalía, el Gobierno sigue sin brindar esa información a los legisladores, los medios de comunicación y la opinión pública. Ni los legisladores delasotistas ni el Gobierno explicaron los motivos por los cuales, a pesar de tratarse de información pública, aún no la dan a conocer.”
Más información: 0351-156516077 / 0351-152018780
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